La hora facturable ya murió en Chile. Hace 45 años.
El arancel chileno nunca cobró por hora: cobraba por acto y por resultado. Y desde 1981 no existe arancel alguno. La hora facturable sobrevive por inercia — y la IA acaba de romperle la aritmética.
Hay una conversación que el mercado legal chileno lleva veinte años postergando, y que la inteligencia artificial acaba de volver urgente: ¿por qué seguimos cobrando por hora?
La respuesta honesta incomoda. No es por tradición jurídica chilena. No es porque lo exija la ley. No es porque el cliente lo prefiera. Es porque nadie se atrevió a cambiarlo primero.
La hora facturable no nació para cobrar. Nació para administrar caridad
El origen es más irónico de lo que a la profesión le gustaría admitir.
En 1913, Reginald Heber Smith —recién egresado de Harvard— asumió la dirección de la Boston Legal Aid Society, una organización que atendía cerca de dos mil casos anuales de asistencia jurídica gratuita con un presupuesto mínimo. Para repartir un equipo escaso entre demasiados casos, Smith importó las ideas de la administración científica e inventó una herramienta interna: la planilla de tiempos, con el trabajo registrado en bloques de seis minutos.
Era un instrumento de gestión para dar más servicio con menos recursos. No era un mecanismo de cobro.
La conversión vino después. En 1940 Smith publicó cuatro artículos en el ABA Journal proponiendo que los estudios administraran su producción con esas mismas planillas. A fines de los cincuenta la American Bar Association impulsó la hora facturable como estrategia de negocio, y hacia los setenta ya era el estándar. Hasta entonces, los abogados cobraban mayoritariamente precio fijo o según las tablas mínimas de los colegios.
Léase de nuevo: una herramienta creada para maximizar la cobertura de la ayuda legal gratuita terminó convertida, en cuarenta años, en el mecanismo que premia demorarse.
En Chile nunca cobramos por hora. Cobrábamos por acto y por resultado
Este es el punto que casi nadie menciona: la tradición arancelaria chilena nunca fue horaria.
Los aranceles que rigieron en Chile hasta 1981 fijaban precios por acto y participación en el resultado. La redacción de un contrato sin cuantía: 8 UF. Con cuantía: 2% del negocio, con un mínimo de 5 UF. La constitución de una sociedad de capital: 10% del capital suscrito, mínimo 30 UF. Un juicio ordinario de mayor cuantía: 30 UF más el 10% de lo obtenido o de lo ahorrado por la defensa.
Fíjese en la estructura. No hay una sola tarifa por hora en todo el arancel. El honorario se ata a dos cosas: el acto ejecutado y el valor generado para el cliente. Exactamente lo que hoy la literatura internacional llama, con entusiasmo de novedad, value-based pricing.
La hora facturable llegó a Chile como préstamo cultural de los grandes estudios estadounidenses, y desplazó una tradición local que estaba —en su lógica económica— mejor alineada con el cliente.
Y desde 1981, nada obliga a cobrar de ninguna forma
El 7 de febrero de 1981 se publicó el Decreto Ley 3.621, que convirtió a los colegios profesionales en asociaciones gremiales. Entre sus efectos: derogó toda norma que facultara a los colegios para dictar aranceles de honorarios y dejó sin efecto los que estuvieran vigentes.
El propio Colegio de Abogados lo ha dicho sin ambigüedad al responder solicitudes de actualización: "en la actualidad no existen aranceles referenciales, ni respecto de los abogados, ni de los profesionales de otra profesión o actividad". El Código de Ética Profesional vigente desde 2011 remata la idea en sus artículos 33 y 34: los honorarios se convienen en forma libre.
De aquí se siguen dos conclusiones que conviene decir en voz alta.
Primera: hace cuarenta y cinco años que en Chile no existe ninguna razón normativa para cobrar por hora. Cero. La hora facturable sobrevive por inercia, no por regulación.
Segunda —y esta es más incómoda—: varios sitios de estudios chilenos siguen publicando hoy "el arancel del Colegio de Abogados" como si estuviera vigente. No lo está. Se está usando como ancla de precio un documento que el propio Colegio declara inexistente.
Hay un detalle final del DL 3.621 que vale oro para esta discusión: a falta de acuerdo expreso entre las partes, los honorarios los regula el juez en procedimiento sumario. Ni siquiera el sistema supletorio chileno piensa en horas. Piensa en cuánto vale el trabajo.
El problema no es el precio. Es el incentivo
Contra lo que suele decirse, el reproche serio a la hora facturable no es que sea cara. Es que premia exactamente lo contrario de lo que el cliente quiere.
El cliente quiere su problema resuelto rápido, bien y con certeza de costo. El estudio que cobra por hora gana más si el asunto toma más tiempo. No hace falta mala fe para que esa asimetría opere: basta con que nadie tenga un incentivo económico para invertir en hacerlo más rápido.
La evidencia internacional sobre los efectos es abundante y poco halagüeña. La facturación por tiempo no genera incentivos de eficiencia y puede recompensar al que trabaja lento. Estudios sobre firmas australianas documentan que las metas de horas facturables presionan hacia prácticas cuestionables —redondear registros, ejecutar trabajo innecesario— para cumplir presupuesto. Y encuestas del sector reportan que la presión por horas afecta el bienestar de cerca de dos tercios de los profesionales.
Un modelo que castiga la eficiencia, tensiona la ética y desgasta a quien lo ejecuta no se sostiene por sus méritos. Se sostiene porque cambiarlo primero da miedo.
La IA rompe la ecuación, y la aritmética es brutal
Acá es donde la conversación deja de ser filosófica.
Entre 30% y 60% de las horas facturables de una práctica se van en tareas repetibles y basadas en reglas: revisar cláusulas estándar, comparar versiones, buscar precedentes, armar minutas. Es precisamente el trabajo donde la IA reduce el tiempo entre 50% y 90%.
Haga la multiplicación. Si la mitad de sus horas es automatizable y esas horas caen a la mitad, un estudio que cobra por tiempo pierde alrededor de un cuarto de sus ingresos haciendo el mismo trabajo, mejor y más rápido. La adopción de IA en firmas legales pasó de 26% a 42% entre 2024 y 2026. La caída no es hipotética: está en curso.
Esto pone al estudio tradicional frente a una elección que no tiene salida elegante:
- Adoptar IA y seguir cobrando por hora. Su ingreso cae en proporción directa a su eficiencia. Está pagando por destruir su propia facturación.
- No adoptarla. Su competencia entrega en horas lo que usted entrega en semanas, y a menor precio.
- Adoptarla y usarla para "llenar" las horas con más trabajo. Es el camino que más se transita en silencio, y también el que menos resiste una auditoría ética.
Ninguna de las tres es sostenible. La única salida es desacoplar el precio del tiempo.
El mercado ya lo pide; la oferta no escucha
Los números del comportamiento del cliente son consistentes: cerca del 71% prefiere tarifa plana, los honorarios alternativos representan entre 15% y 25% de la facturación en departamentos legales sofisticados, y aun así alrededor del 62% del trabajo legal se sigue facturando por hora.
Esa brecha entre lo que el cliente pide y lo que el mercado ofrece no es un problema. Para quien quiera tomarla, es la oportunidad.
Volver al futuro: precio por acto
La propuesta que hacemos en Legia no es una innovación importada. Es, con toda literalidad, volver a la lógica del arancel chileno histórico: precio por acto, conocido antes de empezar.
Una revisión de contrato cuesta lo que cuesta esa revisión, no lo que demoremos en hacerla. Si nuestra tecnología la resuelve en dos horas en vez de diez, la ganancia de eficiencia se reparte entre el cliente —que paga menos que la tarifa tradicional— y el estudio —que atiende más casos con el mismo equipo—. Los intereses quedan alineados: a nosotros nos conviene ser rápidos.
Bajo la hora facturable, esa misma frase es económicamente irracional. Ahí está todo el argumento.
Lo que hay que decir con honestidad
Nada de esto significa que la hora facturable no sirva para nada. Hay trabajo genuinamente impredecible —litigios complejos, crisis regulatorias, negociaciones que se abren en abanico— donde fijar un precio cerrado por adelantado traslada al estudio un riesgo que no puede medir, y eso termina pagándolo el cliente en forma de prima. Para ese trabajo, el tiempo sigue siendo una métrica defendible.
Pero eso es una fracción del mercado. La revisión de un contrato de arriendo, un NDA, un finiquito, un contrato de servicios: nada de eso es impredecible. Es trabajo acotado, repetible y perfectamente cotizable por adelantado. Cobrarlo por hora en 2026 no es prudencia profesional. Es una decisión comercial que conviene al que factura y perjudica al que paga.
La hora facturable no va a morir por una discusión ética. Va a morir porque la aritmética dejó de cerrar.
En Chile, además, murió hace cuarenta y cinco años. Solo falta que alguien lo diga en voz alta.
Fuentes: Decreto Ley 3.621 de 1981 (BCN); Colegio de Abogados de Chile, respuesta sobre actualización de arancel; Thomson Reuters Institute, historia de la hora facturable; WilmerHale, Reginald Heber Smith y el nacimiento de la hora facturable; BigHand, Legal Pricing and Budgeting Trends 2025; Thomson Reuters Institute, honorarios alternativos y trabajo legal con IA; Clio, la hora facturable en la era de la IA.